Maria da Penha

“El problema no está en la Ley sino en su aplicación(…) pero tenemos mucha gente involucrada, hombres y mujeres que viven y sueñan con una sociedad más humana para sus hijos y nietos»

La noche del 29 de mayo de 1983, un fuerte estruendo se escuchó en la habitación de la farmacéutica brasileña María da Penha Fernandes. Ella despertó sobresaltada, su esposo le había disparado en la espalda. Como resultado de la agresión María da Penha quedó parapléjica. Demasiado asustada como para realizar los pasos necesarios en la obtención del divorcio o, al menos, una separación legal, regresó a su casa dos semanas después, donde sufrió un segundo intento de asesinato por parte de su marido. Esta vez trató de electrocutarla. Después de esto, Maria buscó asistencia jurídica. Pero, a pesar de la vasta evidencia en contra de su marido, la justicia brasileña se demoró 19 años en detenerlo y encarcelarlo. En 1998, dado el patrón de impunidad provocado por la falta de respuesta del sistema judicial de Brasil, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por CEJIL y el Comité Latino Americano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

El caso María da Penha es un ejemplo del contexto de la cultura machista existente entonces en Brasil: se privilegiaba al hombre en la relación conyugal y se percibían situaciones de violencia doméstica como hechos reservados al ámbito privado y no como una cuestión pública o una violación de los derechos humanos.

La Ley María da Penha establece tribunales especiales y condenas más estrictas para los maltratadores, pero también otros instrumentos de prevención y auxilio en ciudades de más de 60.000 habitantes como Comisarías de Mujer, Casas Hogares y Centros de Referencia para Mujeres. “El problema no está en la Ley sino en su aplicación. Desgraciadamente, estos instrumentos sólo existen en grandes ciudades», insiste da Penha.

Con un promedio de diez asesinatos diarios, los datos sobre violencia doméstica en Brasil siguen siendo alarmantes. “Es necesario que se sensibilice y capacite a las personas involucradas en la lucha contra la violencia; pero tenemos mucha gente involucrada, hombres y mujeres que viven y sueñan con una sociedad más humana para sus hijos y nietos», concluye.

Además, estableció recomendaciones de naturaleza individual para el caso y también de políticas públicas para el país. En síntesis, las de: completar el procesamiento penal del responsable; proceder a una investigación y responsabilización en relación con las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso; proveer una reparación simbólica y material a la víctima; promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados; simplificar procedimientos judiciales penales; promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares; multiplicar el número de Comisarías de la Mujer con recursos especiales y brindar apoyo al Ministerio Publico en sus informes judiciales; incluir en los planes pedagógicos unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención de Belém do Pará y el manejo de conflictos intrafamiliares.

Se trata del primer caso en que se aplicó la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, con decisión en que se responsabiliza un país en materia de violencia doméstica contra las mujeres. Solo debido al uso efectivo del sistema internacional, en acciones de litigio y de monitoreo, y por la presión política internacional y nacional, es que en marzo de 2002 el proceso penal fue concluido en ámbito interno y, en octubre del mismo año, el agresor fue arrestado. El caso fue también reportado al Comité CEDAW en 2003, el cual recomendó al Estado adoptar “sin demora una legislación sobre violencia doméstica”. El 7 de agosto de 2006, como resultado de una acción conjunta de la sociedad civil y del Estado, se aprueba la Ley 11.340 (Ley Maria da Penha), que crea mecanismos para refrenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.

Luego de años de negociaciones entre la víctima, el Estado y las peticionarias, en 7 de julio de 2008, en un evento público llevado a cabo en Fortaleza, se hace efectiva la reparación a la víctima, mediante el pago de la indemnización y un pedido de disculpas a Maria da Penha, ambos llevados a cabo por el gobierno de Ceará, con reconocimiento del Estado brasileño de su responsabilidad internacional ante las violaciones ocurridas, que tuvo gran repercusión en los medios informativos. En diciembre de 2008, el Estado de Ceará adhirió al Pacto Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra la Mujer, importante medida que promueve la adopción de políticas relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Sigue pendiente, todavía, la investigación y responsabilización relativas a las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso en el ámbito de la justicia interna.

Referencia:https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
Dirección y responsable del proyecto: Silvia Barrios
Colaboración producción de imagen e investigación: Miren Edurne Barbosa Reparaz

Enlace virtual:

“Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha” es un laboratorio/instalación transdisciplinario en cruce con la perspectiva de género, que sintetiza el trabajo de una plataforma dedicada a la investigación y producción de obra. Un archivo global de todos los tiempos y culturas.

Página web Proyecto/archivo “Altar Mujeres SXXI” : “Altar Mujeres SXXI  #vidasenlucha”

Pagina del archivo Face https://www.facebook.com/altarmujeressxxi/?modal=admin_todo_tour

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